Instrumentos y Políticas vigentes

En Chile, las políticas y planes que fomentan los modos de transporte sostenibles, se fundamentan en tres instrumentos principales: La Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, La Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito 2021-2023, y la Política de Equidad de Género en Transportes de Chile.

Estos tres instrumentos entregan lineamientos orientadores para la planificación y diseño de ciudades, seguras, equitativas y sostenibles, para quienes viven y se mueven en ellas. De forma más específica, el Decreto Supremo 102 define las condiciones operacionales mínimas que aseguran la inclusión de la bicicleta, u otros ciclos, en el sistema vial y de transporte.

Mientras los tres primeros definen un horizonte hacia el que tenemos que avanzar, el último establece un piso mínimo desde el cual diseñar la infraestructura que resguardará el movimiento de personas en bicicleta -u otros ciclos-. Esta guía parte desde ese piso mínimo, explorando las posibilidades que el decreto permite para visualizar distintas configuraciones espaciales que den cabida a los usuarios/as de ciclos, de forma cómoda y segura, en nuestras calles.

Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible

La Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible (ENMS) 2023 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se desarrolló para avanzar hacia una movilidad sostenible, limpia, segura, inclusiva y eficiente en Chile. Esta se alinea con compromisos internacionales y complementa otras políticas nacionales como la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Estrategia Nacional de Electromovilidad y la Estrategia Climática de Largo Plazo.

La visión de la iniciativa es que para el 2050 Chile cuente con sistemas de transporte, y un desarrollo urbano, que permitan una movilidad sostenible y justa, minimizando las externalidades negativas como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La estrategia se basa en el enfoque “Evitar-Cambiar-Mejorar” y busca reducir la necesidad de viajes insostenibles mediante la planificación urbana eficiente; fomentar el cambio hacia modos de transporte más sostenibles como el transporte público y la movilidad activa; y mejorar la tecnología de los vehículos para aumentar su eficiencia y reducir las emisiones.

Los objetivos incluyen integrar el transporte público y la movilidad activa en la planificación territorial, reducir las emisiones del transporte, optimizar el uso del espacio y los recursos de transporte, promover el uso de modos de transporte no motorizados, y mejorar la seguridad vial, garantizar el acceso universal al transporte, fomentar la participación ciudadana en la planificación del transporte, y mejorar la información y la transparencia en la gestión del transporte.

Se proponen varias medidas clave. Entre ellas se incluyen orientar la urbanización hacia el transporte público y la movilidad activa mediante instrumentos de planificación territorial, racionalizar la distribución urbana para reducir la congestión y las emisiones a través de una logística urbana sostenible, promover el uso de vehículos menos contaminantes mediante la descarbonización de flotas, fomentar el uso de bicicletas y otros modos no motorizados mediante subsidios e infraestructura adecuada, asegurar que el transporte público sea inclusivo y seguro para todos los usuarios/as, y mejorar la participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos de transporte.

Finalmente, establece una hoja de ruta integral y colaborativa para avanzar hacia una movilidad urbana sostenible en Chile, abarcando aspectos ambientales, sociales y económicos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito

La Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito 2021-2030 de Chile busca reducir en un 50% las muertes por accidentes de tránsito durante la presente década, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la Declaración de Estocolmo. Se enfoca en proteger a las personas, especialmente menores y mayores, y usuarios/as vulnerables como peatones y ciclistas.

El diagnóstico reconoce la necesidad de implementar un marco multisectorial para abordar la seguridad vial, basado en la nueva Política Nacional de Seguridad de Tránsito y la “Visión Cero”. El objetivo principal es reducir en un 30% las muertes por siniestros viales para el año 2030, tomando como base el promedio anual de 1,586 fallecidos entre 2011 y 2019, con una meta de 1,110 fallecidos para 2030.

La estrategia se estructura en cinco ejes estratégicos. El primero es la Gestión de la Seguridad de Tránsito, que busca fortalecer la institucionalidad y la asignación de recursos económicos, creando una agencia autónoma de seguridad vial y fondos de financiamiento a nivel municipal y regional. El segundo eje, Vías y Movilidad más Seguras, se enfoca en diseñar vías y espacios públicos que permitan una movilidad segura, con especial atención en usuarios/as vulnerables. El tercer eje, Vehículos más Seguros, tiene como objetivo aumentar los niveles de seguridad en los vehículos para reducir la probabilidad y consecuencia de los siniestros de tránsito. El cuarto eje, usuarios/as de las Vías más Seguros/as, promueve la educación y cultura vial para comportamientos seguros en el tránsito. Finalmente, el quinto eje, Respuestas tras los Siniestros de Tránsito, establece un sistema coordinado de respuesta rápida y rehabilitación integral para las víctimas de siniestros de tránsito.

Las medidas de acción se dividen en plazos corto, mediano y largo. A corto plazo (1-3 años), se implementarán medidas inmediatas como campañas de educación vial y mejoras en la infraestructura. A mediano plazo (4-6 años), se desarrollarán proyectos de seguridad vial y se fortalecerá la institucionalidad. A largo plazo (7-10 años), se planifican evaluaciones continuas y la actualización de las políticas y estrategias de seguridad vial.

Política de equidad de género en transportes

La Política de Equidad de Género en Transportes 2023 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se centra en implementar la equidad de género de manera transversal en su quehacer institucional, en línea con la Agenda del Gobierno y el Plan Nacional de Igualdad 2018-2030. Esta política aborda cuatro pilares fundamentales:

• Movilidad
• Accesibilidad
• Seguridad
• Gestión y Gobernanza

En cuanto al avance de la transversalización de la perspectiva de género, se subraya la necesidad de incorporar esta herramienta conceptual en la planificación y gestión, debido a que la movilidad urbana no es neutra en cuanto a las barreras y riesgos percibidos por personas de distinto género. Esto implica reconocer y atender las diferencias en la movilidad entre hombres y mujeres, así como promover el cumplimiento de acuerdos internacionales que Chile ha ratificado para impulsar la equidad de género y erradicar la violencia.

El objetivo general de la política es garantizar el acceso universal, seguro, eficiente, sustentable e inclusivo en los sistemas de movilidad, incorporando transversalmente el enfoque de género, reduciendo así las brechas y barreras en el sector del transporte.

Los pilares de acción, de esta política orientadora, la movilidad accesible, que considera la capacidad que tiene el sistema de abordar complejidades y necesidades cotidianas, facilitando la participación de todas las personas en la vida urbana; la seguridad, integrando la experiencia y percepción, que las personas tienen en y del sistema de movilidad, y aborda desde los mecanismos que garantizan el buen funcionamiento mecánico y conductas de tránsito hasta la prevención de situaciones de violencia o acoso; la gestión institucional que facilite realizar acciones que resuelvan complejidades diarias, abordando, desde una visión integral, las diferentes necesidades de mujeres y hombres; y finalmente, la gobernanza como un pilar facilitador de una buena relación entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, abriendo espacio a una mejor participación y un trabajo conjunto dirigido hacia la respuesta de las necesidades en estas materias.

La inclusión de la perspectiva de género al momento de diseñar políticas ciclo-inclusivas es especialmente relevante ya que se sigue manteniendo una diferencia de género considerable en relación al porcentaje de personas que adhieren a la ciclo-movilidad, donde las mujeres representan el 37% de los viajes en Santiago (Waintrub et al., 2018). Esto es particularmente importante ya que como modo de transporte ofrece beneficios que son especialmente propicios para la población femenina, considerando que sus itinerarios y trayectos tienden a ser más cortos y complejos.

Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: Sector Transportes

El Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: Sector Transportes 2024, elaborado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector y aumentar su resiliencia frente al cambio climático, alineándose con la meta nacional de neutralidad de emisiones gases de efecto invernadero para 2050. Chile ratificó el Acuerdo de París y está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para cumplir con lo anterior en 2022 se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, donde se definen los instrumentos de gestión entre los que se encuentran la NDC, que establece los compromisos nacionales, y los planes de mitigación y adaptación sectoriales.

El sector transportes es responsable del 26% de las emisiones de GEI en Chile. En 2020, el transporte urbano e interurbano contribuyó con más del 50% de las emisiones del sector. Además, enfrenta diversas amenazas derivados de fenómenos climáticos extremos, como variaciones de los niveles del mar y aumentos de temperatura, que afectan la infraestructura y los servicios de transporte.

El Plan sectorial tiene una visión inclusiva y equitativa, promoviendo sistemas de movilidad sostenibles, resilientes, bajos en emisiones y accesibles. La planificación se organiza en tres componentes clave: mitigación, adaptación y medios de implementación.

En cuanto a mitigación, el objetivo es reducir las emisiones sin exceder el presupuesto de carbono sectorial definido en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Las medidas incluyen el traspaso modal hacia modos de transporte más sostenibles. También se promoverá la adopción de tecnologías de propulsión cero emisiones y la reducción de la dependencia a combustibles fósiles, y con ello no solo cumplir pero también superar el esfuerzo de mitigación asignado.

En relación a la adaptación, el Plan busca reducir la vulnerabilidad del sector a los impactos del cambio climático. Las medidas incluyen fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura con un enfoque climático y aumentar la resiliencia frente a fenómenos extremos. También se propone integrar el cambio climático en la planificación territorial y las políticas públicas.

Para la implementación del Plan, se destacan la generación de conocimiento científico, el fortalecimiento de capacidades y el acceso a financiamiento. Se proponen 10 medios de implementación, que incluyen capacitación en torno a la electromovilidad, incorporación de modelos de economía circular, entre otros.

El Decreto Supremo n° 102

La Ley de Convivencia de Modos (2018) modificó la Ley de Tránsito para incluir formalmente a la bicicleta en la normativa que regula el tránsito de vehículos por las vías del país. Al hacerlo, definió por primera vez el concepto de “ciclo” que incluye a la bicicleta, skates, scooters y otros modos de propulsión humana, además de aquellos asistidos eléctricamente (con una velocidad máxima de 25 km/h y 250 Watts de potencia).

Además de definir los modos considerados como ciclos para la legislación, la modificación legal incluyó derechos y deberes respecto al uso de las vías y la definición de ciclovía como: “Espacio destinado al uso exclusivo de bicicletas y otros ciclos, que pueden estar segregada física o visualmente, según las características y clasificaciones que se definan mediante reglamento”. El reglamento que establece esas características es el D.S. 102 (y su posterior modificación a través del D.S. 119).

El mencionado reglamento define las condiciones físico-espaciales y operacionales que debe cumplir la infraestructura ciclista para ser aprobada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, por consiguiente, sea considerada como tal. Además, el decreto plantea un procedimiento formal a través del cual se somete un proyecto a revisión, considerando dos etapas para su desarrollo: anteproyecto y proyecto.

Referencias